La sentencia deja claro lo que tiene que realizar el SAE “un plan de prevención de riesgos, una evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, un plan de emergencias e información preventiva respecto a los puestos de trabajo, evaluación de riesgos psicosociales, un plan de autoprotección, todas ellas, actualizadas y con consulta y participación de la representación legal de los trabajadores, así como todas las inherentes a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, bien como dice el convenio colectivo en su artículo 33 con un servicio de prevención propio o subsidiariamente con un servicio externo para los trabajadores afectados por el presente conflicto, condenando a la demandada a estar y pasar por dicha declaración y reconocimiento”.
