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viernes, 25 de octubre de 2019
Manifestación Estatal en "Defensa de los Servicios Públicos y los Derechos Sociales y Laborales
jueves, 24 de octubre de 2019
NO a la OEPE. Claves y trabajos realizados por UITA
NUESTRO TRABAJO, NUESTRO POSICIONAMIENTO SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA (OEPE)
La Oferta de Empleo Público extraordinaria aprobada por los sindicatos mayoritarios en diciembre de 2017 con la intención de acabar con la temporalidad en la administración tras año de restricciones tanto en la contratación como en la convocatoria de consolidación de puestos de trabajo, ha supuesto un duro revés para el personal laboral de las agencias, ya que se pretende, para adquirir la condición de fijeza, que se pase por un proceso de concurso-oposición con el consiguiente peligro de pérdida de puesto por parte de estos empleados, que en la mayoría de los casos, llevan más de diez años en su puesto de trabajo.Esta situación del todo injusta ha generado un movimiento de trabajadores no sólo en Andalucía, si no en el resto de España, que luchan por conseguir por otra vía, la judicial, el reconocimiento de fijeza, utilizando la directiva europea 1999/70/CE.
Desde UITA entendemos que la vía judicial no puede ser la única alternativa, en caso de que los pronunciamientos judiciales sean positivos, para alcanzar la regularización del empleo temporal en el sector instrumental, y que otras alternativas son posibles, y en la búsqueda de ellas estamos.
Los pasos dados son los siguientes:
Antes del acuerdo entre los sindicatos mayoritarios para una OEPE
- Por dos veces llevamos al SERCLA la regularización de los contratos, con la oposición de CCOO y UGT. Arbitrajes que fueron rechazados tanto por la dirección del SAE como por los sindicatos mayoritarios que firmaron la OEPE (CCOO y UGT).
- Negociación con el SAE para que se ejecutase de oficio esa regularización de contratos en fraude de ley para no colapsar los juzgados con demandas.
Después del acuerdo para una OEPE en el sector instrumental
lunes, 21 de octubre de 2019
Publicado el informe completo de CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT sobre funcionarios interinos españoles.
Conviene señalar que en este informe no se hace referencia a personal laboral propio de agencia, aunque si se pronuncia sobre temas de interés como la fijeza en la Administración Pública.
Aunque el informe de la abogada general no es vinculante para el tribunal que tiene que fallar al respecto, si suele influir en la sentencia del TJUE.
Desde UITA seguimos muy vigilantes de cualquier información que pueda ser relevante en una OEPE y de comunicarla a la plantilla.
Así mismo, nos hacemos eco del comunicado del gabinete responsable de este proceso, Araúz & Belda para vuestro conocimiento :
Que la Abogada General de la Unión Europea ha emitido sus conclusiones en los asuntos de los funcionarios interinos / temporales españoles, concluyendo:
La Abogada General afea las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales españolas, que con el pretexto de que la Ley permite el nombramiento de funcionarios interinos, los destinan a atender necesidades que no son provisionales, ni excepcionales, sino que son ordinarias, estables y permanentes, y añade:
- Que los procesos de estabilización y de acceso libre no son una medida sancionadora que cumpla con la Directiva 1999/70/CE, y que estos procesos no liberan a las Administraciones públicas de sancionar los abusos producidos en la temporalidad.
- Que la Directiva no impone la transformación de la relación temporal en una relación fija, si en el Estado miembro existen otros mecanismos sancionadores a imponer a las Administraciones empleadoras responsables del abuso para evitar la precariedad en el empleo. Si bien la Abogada General concluye que la transformación en fijos permitiría sancionar el abuso y eliminar definitivamente sus consecuencias.
- Que para que se entienda que existe una sanción en España para luchar contra la precariedad en el empleo del Sector Público, no basta, como razona el Tribunal Supremo (TS) en su sentencia de 26 de septiembre de 2018, con que se estudie la necesidad de crear una nueva plaza, sino que esta medida debe ir acompañada:
(i) De una indemnización proporcionada y completa del perjuicio sufrido al abonar a los funcionarios interino, que debe incluir, no solo las indemnizaciones previstas en el Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral, sino también una indemnización por pérdida de oportunidades y/o por pérdida de ingresos.
(ii)Y estas indemnizaciones, además, deben ir acompañadas de otras medidas sancionadoras y disuasorias, sin que pueda considerarse una medida sancionadora el mantenimiento del funcionario temporal en la relación de servicio ya que será cesado cuando se incorpore a la plaza un funcionario fijo o ésta se amortice.
Que esto, no obstante, la Abogada General critica estas sentencias del Tribunal Supremo argumentando que, el mantenimiento de la relación de servicio temporal exigida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo supone una perpetuación de la precariedad.
Que, el hecho de que el funcionario interino no haya impugnado sus nombramientos y ceses, no impide que deba aplicarse la Directiva 1999/70/CE y, por lo tanto, que tenga derecho a las sanciones que procedan
Un saludo
Sindicatos del sistema entre la espada y la pared
Buenos días.
Nos hacemos eco de esta noticia del 01 de junio de 2018 que sirve de aclaración sobre el origen de situación actual de las OEPEs. No es posible defender lo mismo y lo contrario...
Según fuentes conocedoras del proceso, el ministerio que encabeza Cristóbal Montoro y los sindicatos presentarán alegaciones por separado para evitar que la ‘macrodemanda’ prospere. Sin embargo, aseguran que, como parte denunciada, están manteniendo conversaciones para plantearlas de manera más o menos coordinada.
La demanda corre a cargo de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), en nombre de los empleados afectados por esta medida. Lo que reclaman es que estos trabajadores no tengan que pasar por un proceso de concurso-oposición, en el que competirían en igualdad de condiciones con cualquier candidato que se presente al proceso por el que consolidará su plaza.
Esta modalidad de proceso de selección es la que han pactado Hacienda y sindicatos y, en efecto, podría dejar a muchos interinos y empleados laborales temporales sin su actual puesto, por lo que piden que se les convierta directamente en funcionarios como ‘de facto’ ya se sienten o al menos que pesen más sus méritos frente al resto de candidatos. No obstante, los firmantes defienden que la Ley establece que el acceso a una plaza de funcionario se debe hacer por este procedimiento de acuerdo con unos criterios de mérito y capacidad.
De acuerdo con ANIL, las personas que potencialmente podrían quedar fuera de su actual después de años desempeñando sus funciones ascienden a unas 700.000. Por eso, la organización no duda en calificar el pacto demandado como ‘El Acuerdazo’ o el mayor ERE de la historia. En cambio, el acuerdo de marzo hablaba de no más de 350.000 trabajadores y se ‘vendió’ como una tabla de salvación contra la precariedad en la Administración.
La incómoda posición de Hacienda y los sindicatos
Hacienda asegura que no cabe otro proceso legal que no sea el concurso-oposición y así lo acabó pactando con los sindicatos. Las centrales, por su parte, se encuentran en una situación muy incómoda, puesto que tienen que defender los intereses de estos interinos y temporales y, al mismo tiempo, los de otros cientos de miles de funcionarios de carrera que consideran injusto que compañeros que no han superado sus mismas pruebas de mérito y capacidad (oposiciones, títulos formativos…) acaben con un puesto de funcionario igual que el suyo.
Además, está en juego la movilidad. Si un interino se saca una plaza por el procedimiento ordinario podría ser destinado a otra comunidad autónoma, justo lo que quieren muchos funcionarios que ansían un traslado a sus localidades de origen, las que precisamente tuvieron que abandonar al acceder a su plaza.
La batalla en las tripas de la Administración está servida y, por eso, tanto Hacienda como los sindicatos quieren que, al menos en el terreno judicial, no llegue la sangre al río. Después, tanto unos como otros, asumen que, una vez completado el plan en el plazo previsto en 2019 (si es que no hay retrasos), no se habrá contentado a todos los empleados públicos por igual.
Por el momento, la Audiencia Nacional ha tumbado la petición de medidas cautelarísimas que acompañaban a la demanda presentada por ANIL y que habrían supuesto la paralización de las oposiciones que ya se han convocado.
Ahora, una vez escuchadas las alegaciones de las partes, tendrá que decidir si sigue adelante con la demanda y, en paralelo, si adopta las medidas cautelares solicitadas por la vía ordinaria.
Fuente: El Independiente
Nos hacemos eco de esta noticia del 01 de junio de 2018 que sirve de aclaración sobre el origen de situación actual de las OEPEs. No es posible defender lo mismo y lo contrario...
Hacienda y los sindicatos hacen frente común ante la denuncia masiva de los interinos
Ministerio de Hacienda y los sindicatos de la función pública CSI-F, CCOO y UGT están en un mismo barco. Son los firmantes del acuerdo de marzo de 2017 por el que se puso en marcha un proceso de consolidación de plazas de interinos y temporales cubiertas en los últimos tres años en todos los niveles de la administración que ahora una parte de este colectivo ha denunciado ante la Audiencia Nacional.Según fuentes conocedoras del proceso, el ministerio que encabeza Cristóbal Montoro y los sindicatos presentarán alegaciones por separado para evitar que la ‘macrodemanda’ prospere. Sin embargo, aseguran que, como parte denunciada, están manteniendo conversaciones para plantearlas de manera más o menos coordinada.
La demanda corre a cargo de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), en nombre de los empleados afectados por esta medida. Lo que reclaman es que estos trabajadores no tengan que pasar por un proceso de concurso-oposición, en el que competirían en igualdad de condiciones con cualquier candidato que se presente al proceso por el que consolidará su plaza.
Esta modalidad de proceso de selección es la que han pactado Hacienda y sindicatos y, en efecto, podría dejar a muchos interinos y empleados laborales temporales sin su actual puesto, por lo que piden que se les convierta directamente en funcionarios como ‘de facto’ ya se sienten o al menos que pesen más sus méritos frente al resto de candidatos. No obstante, los firmantes defienden que la Ley establece que el acceso a una plaza de funcionario se debe hacer por este procedimiento de acuerdo con unos criterios de mérito y capacidad.
De acuerdo con ANIL, las personas que potencialmente podrían quedar fuera de su actual después de años desempeñando sus funciones ascienden a unas 700.000. Por eso, la organización no duda en calificar el pacto demandado como ‘El Acuerdazo’ o el mayor ERE de la historia. En cambio, el acuerdo de marzo hablaba de no más de 350.000 trabajadores y se ‘vendió’ como una tabla de salvación contra la precariedad en la Administración.
La incómoda posición de Hacienda y los sindicatos
Hacienda asegura que no cabe otro proceso legal que no sea el concurso-oposición y así lo acabó pactando con los sindicatos. Las centrales, por su parte, se encuentran en una situación muy incómoda, puesto que tienen que defender los intereses de estos interinos y temporales y, al mismo tiempo, los de otros cientos de miles de funcionarios de carrera que consideran injusto que compañeros que no han superado sus mismas pruebas de mérito y capacidad (oposiciones, títulos formativos…) acaben con un puesto de funcionario igual que el suyo.
Además, está en juego la movilidad. Si un interino se saca una plaza por el procedimiento ordinario podría ser destinado a otra comunidad autónoma, justo lo que quieren muchos funcionarios que ansían un traslado a sus localidades de origen, las que precisamente tuvieron que abandonar al acceder a su plaza.
La batalla en las tripas de la Administración está servida y, por eso, tanto Hacienda como los sindicatos quieren que, al menos en el terreno judicial, no llegue la sangre al río. Después, tanto unos como otros, asumen que, una vez completado el plan en el plazo previsto en 2019 (si es que no hay retrasos), no se habrá contentado a todos los empleados públicos por igual.
Por el momento, la Audiencia Nacional ha tumbado la petición de medidas cautelarísimas que acompañaban a la demanda presentada por ANIL y que habrían supuesto la paralización de las oposiciones que ya se han convocado.
Ahora, una vez escuchadas las alegaciones de las partes, tendrá que decidir si sigue adelante con la demanda y, en paralelo, si adopta las medidas cautelares solicitadas por la vía ordinaria.
Fuente: El Independiente
miércoles, 2 de octubre de 2019
Mini reuniones de la Sección Sindical de UITA en Almería
Cumpliendo con nuestro compromiso hemos presentado el preaviso de elecciones a representantes de los trabajadores para todo el personal propio de la Agencia SAE (convenios: UTEDLT, FAFFE, EMA y personal MEMTA).Vamos a celebrar pequeñas reuniones en vuestros centros de trabajo. Donde acercarnos dialogar y crecer juntos.
Os iremos informando,.....
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