El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su sede en Sevilla
ha fijado para el próximo 7 de junio la celebración del juicio por el
conflicto colectivo interpuesto por el sindicato UITA para recuperar la
formación interna de los trabajadores de la Agencia SAE, un derecho del
que no disfrutamos desde el año 2012.
Desde la llegada de UITA al SAE (en 2013) se ha reclamado, en cada
una de las reuniones que ha tenido el sindicato con la dirección del
SAE, la puesta en marcha de un plan de formación interna para sus
trabajadores tal como se refleja en el artículo 31 del convenio de FAFFE
y como corresponde conforme al Estatuto de los Trabajadores.
Posteriormente, y con la modificación de los estatutos del Instituto
Andaluz de Administración Pública (IAPP) que abría la puerta a dar
formación a personal de agencia (hasta el momento solamente la
disfrutaban el personal funcionario y laboral del VI Convenio de la
Junta de Andalucía), las peticiones del sindicato se centraron en la
firma de un convenio con el IAPP para poder disfrutar de la formación
que anualmente se ofrece al resto de empleados públicos.
Desde esa modificación en 2014, se han sucedido algunas reuniones con
el IAPP que se ha mostrado receptivo a esta petición siempre que se
solvente el problema económico, ya que supondría que las cuotas
detraídas mensualmente de las nóminas fueran destinadas al IAPP y no a
la Tesorería General de Seguridad Social de la que se nutre la Fundación
Tripartita para gestionar la formación del grueso de los trabajadores
del sector privado, tal y como ocurre en la actualidad.
Tras la falta de resultados y de interés por parte de la dirección
del SAE para cumplir con sus obligaciones y facilitar dicha formación a
gran parte de su plantilla, presentamos una denuncia ante la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social que nos instó a denunciar, por la vía
judicial, este incumplimiento de derecho.
Desde UITA no entendemos la falta de interés del SAE por solucionar
este problema cuando es un derecho de los trabajadores pero también una
obligación de la empresa de “desarrollar las competencias profesionales
de los empleados públiucos y su carrera profesional, así como fomentar
la creación de conocimiento compartido que nos permita afrontar de modo
innovador los retos de una Administración en constante cambio”.
Un caso claro de discriminación
Además de incumplir los establecido en el Estatuto de los
Trabajadores, con la actitud mantenida por la empresa hasta ahora, se
está produciendo una clara discriminación entre los empleados públicos
de la Agencia, de suerte que entre quienes precisan de una formación
específica para el desempeño de su trabajo unos pueden acceder a esa
formación y otros no, como ha sucedido por ejemplo con los cursos de
GIRO o de PID@ y Transparencia, con lo que se vuelve a establecer un
doble rasero que penaliza nuevamente a los trabajadores integrados en
virtud de la Ley de reordenación del sector público, supuestamente
integradora. La situación es tan caótica y falta de coherencia que son
ya numerosos los casos en los que los trabajadores se han inscrito en
los cursos, incluso han pagado las tasas correspondientes y luego se les
ha denegado el acceso a la formación o no se les ha reconocido con el
correspondiente certificado.
Productividad y PRL
El Tribunal también ha fijado los juicios para recuperar la
productividad y el derecho a la Prevención de Riesgos Laborales para el
próximo 28 de junio en Málaga. En cuanto a la productividad, tal como se
ha hecho con el complemento de antigüedad o el seguro colectivo, se ha
argumentado que era un derecho adquirido en nuestro convenio que fue
suprimido por la “Ley de Recortes”, excediéndose en la interpretación
realizada por la dirección del SAE, ya que como se sabe, los
funcionarios y los laborales del VI Convenio han seguido cobrando este
complemento de productividad a pesar de que la ley era para el conjunto
de trabajadores de la Junta de Andalucía.
En cuanto a PRL, son varias las denuncias que se han puesto a la
Inspección de Trabajo sobre este asunto, y en varias de ellas, la
inspección ha instado a ejecutar su acción en materia preventiva,
cayendo en saco roto para el SAE. Ante esta situación, UITA decidió
poner en manos de la justicia este asunto.
Desde UITA continuaremos defendiendo los derechos de los trabajadores
del SAE. Cuando la vía del diálogo y la negociación no funcionan, el
único camino que nos queda es la denuncia judicial. De hecho, en los
últimos cuatro años, han sido varios los conflictos colectivos que han
terminado sus días en los juzgados, ante la falta de diálogo de la
agenda:
- reclamación del seguro de vida colectivo, que hemos ganado y está pendiente de que el SAE formalice el contrato de la nueva póliza y ejecute así la sentencia;
- recuperación del complemento de antigüedad previo a 2012 conforme al convenio colectivo: perdimos en el TSJA y está pendiente de sentencia en el Tribunal Supremo con informe favorable del Ministerio Fiscal;
- representatividad en el Comité Intercentros conforme a los resultados electorales: sentencia favorable en el TSJA pendiente de se ejecute; el Tribunal ha dado dos meses al SAE para que cumpla la sentencia;
- instrucción de cobertura de vacantes: pendiente de juicio;
- prevención de riesgos laborales: informes favorables en la Inspección pero sin ejecutarse por el SAE y pendiente de juicio el próximo 28 de junio.
- formación interna: pendiente de juicio, el próximo 7 de junio.
Con estas acciones demostramos que somos el único
sindicato que defiende los derechos del personal laboral propio de las
agencias y que no ha dudado en acudir a los tribunales para recuperar
todos los derechos consolidados y arrebatados por las distintas agencias
del sector público andaluz, de forma totalmente discriminatoria.
Fuente: UITA
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