El sindicato UITA tiene el próximo 21 de abril en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) un acto de conciliación con el objetivo de que el Servicio Andaluz de Empleo regularice la situación de los trabajadores que se encuentran a día de hoy con contrato temporal cumpliendo los requisitos para considerarlos indefinidos.
El objetivo de la demanda es que se declare la condición de personal laboral de carácter indefinido a los trabajadores que vienen prestando sus servicios para la entidad demandada antes de la subrogación del SAE, considerando que la condición de temporalidad de la relación ya no responde a lo legalmente establecido.
La reclamación se basa en distintos argumentos. En primer lugar, se ha superado el tiempo establecido en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores con el que el mantenimiento del contrato de obra o servicio podría considerarse fraudulento y por tanto contrario a derecho. Por otra parte, el propio convenio no sólo establece una limitación temporal para este tipo de contratos sino que establece, en su artículo 12 unas condiciones que ya no concurren en estos momentos.
Desde que UITA obtuviera representación han sido varios los intentos por la vía del diálogo que ha hecho el sindicato para que el personal no tuviera que acudir a la vía judicial a reclamar sus derechos, con el consecuente coste económico para los bolsillos de unos trabajadores que han sufrido importantes recortes salariales incluso hasta un 40%. Uno de los últimos encuentros tuvo lugar el pasado mes de diciembre cuando hubo un compromiso de la viceconsejera de Empleo, Antonia Moro, de estudiar dicha regularización a la vista del laudo arbitral dictado por el catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Jesús Cruz Villalón, favorable a las pretensiones de los trabajadores temporales de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA). En caso de prosperar, supondría un ahorro económico para el propio Servicio Andaluz de Empleo de aproximadamente 150.000 euros al año, pues las cotizaciones a la seguridad social por contratación temporal son superiores a las de los contratos indefinidos, contribuyendo con ello a la reducción de estos costes para la Agencia.
Asimismo, desde el año 2013, UITA viene reclamando tanto a la secretaria general del SAE, María Luz Fernández, como al jefe de personal, Manuel Martín Morón, que facilite el número de trabajadores que se encuentra en esta situación, tal y como recoge el artículo 64 de los Estatutos de los Trabajadores, pero sistemáticamente "se saltan ese derecho, no facilitando ninguna información a los órganos de representación".
En ningún caso, esta acción colectiva supondrá perjuicio alguno para aquellos empleados que ya hayan iniciado acciones legales contra el SAE por este mismo motivo, tal y como quedó expresamente detallado en el mencionado laudo arbitral de la agencia ASDDA, respetando con ello los derechos individuales de cada trabajador. En caso de no haber acuerdo, UITA pondrá a disposición de los interesados sus servicios jurídicos de forma que las reclamaciones tengan un coste más reducido para aquellos trabajadores que decidan plantearlas.
Confiamos en que la voluntad de la empresa sea la de resolver este asunto sin tener que acudir a los juzgados, donde por otra parte, los jueces están reconociendo de forma unánime los derechos de los trabajadores.
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