El colectivo de interinos Temporales en Lucha exige que se convoquen concursos de méritos para regularizar en su puesto de trabajo a los 700.000 interinos de la Administración cuyas plazas están sacando a oferta pública.
Paco Sanz trabaja desde hace 22 años en la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. Es una de las 700.000 personas que llevan décadas trabajando en puestos de la Administración como interinas y que ahora, tras años sin tener acceso a los mismos derechos que el resto de personal del sector público, pueden perder su trabajo de aquí a 2020, cuando sus plazas sean sacadas a oferta pública. Solo en la Comunidad el número de personas afectadas alcanza las 50.000.
“Están diciendo que es la mayor oferta de empleo público generada en España y es mentira, es una sustitución de trabajadores con experiencia por trabajadores nuevos”, señala Sanz, una de las personas que forman el colectivo de interinos Temporales en Lucha.
La “mayor oferta de empleo público en diez años”, como se ha retratado desde la mayoría de medios de comunicación a las oposiciones para empleo en la Administración central —31.000 plazas— es, como muchas otras que han seguido al Acuerdo de Estabilización del Empleo alcanzado entre el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y los sindicatos mayoritarios en marzo de 2017, un “expediente de regulación de empleo [ERE] encubierto”, según señalan desde Temporales en Lucha.
En 1999, la Unión Europea aprobó la
directiva 1999/70/CE, en la que se hacía un mandato a los Estados miembros de bajar sus tasas de temporalidad en el empleo público. A pesar de esta directiva, a día de hoy hay 700.000 interinos en las administraciones públicas, un tercio de la plantilla, según afirman desde Temporales en Lucha. “Sistemáticamente, desde 2002, los sucesivos gobiernos en España la han ido incumpliendo”, relata Sanz. El punto de inflexión vino en 2017, cuando, desde la Unión Europea se amenazó con una sanción de hasta 186.000 euros diarios por no aplicar las directivas de contratación pública. “Montoro llamó a los sindicatos [CC OO, UGT Y CSIF] deprisa y corriendo y presentaron el
Acuerdo de Estabilización del Empleo Público, pero no han analizado en ningún momento la situación que han generado en los últimos años por no generar plazas: cubrimos plazas estructurales, muchos de nuestros puestos no son sustituciones de bajas por maternidad”, explica Sanz. “Que me digan a quién estoy cubriendo durante estos 22 años que llevo trabajando aquí”.
Sanz, con 58 años, afirma que su primera opción sería la prejubilación, pero no puede optar a ella por ser interino. Es una de las carencias de derechos de estos trabajadores respecto a los fijos, a pesar de estar varisa décadas en el mismo centro de trabajo. “Tampoco podemos pedir créditos, porque nos pueden echar en cualquier momento, no hay derecho a excedencias, ni a concursos de traslados; pero, si hay que cambiar turnos, es el interino; si hay que cambiar de centro de trabajo, es el interino o interina...” Esta falta de derechos es lo que ha hecho, según destaca Sanz, que a España siempre le haya interesado que haya interinos, hasta que ha llegado Europa y su amenaza de multa.
Desde Temporales en Lucha denuncian que la edad media de los 700.000 interinos que podrían perder su trabajo es de 45 años. “Con una vida laboral casi al completo al servicio de la Administración Pública, seremos despedidos, sin indemnización y sin posibilidad de reincorporarnos a la vida laboral. La media de edad, la precariedad arrastrada desde hace muchos años y las cargas familiares hace prácticamente imposible preparar los exámenes de acceso a la función pública mediante un proceso que no reconoce los méritos prestados en la Administración”, afirman desde este colectivo.
LA VÍA DEL CONCURSO DE MÉRITOS
Deste Temporales en Lucha reclaman concursos de méritos para regularizar los puestos de trabajo. “Hay una base legal”, señala Sanz. Se refiere a los artículos 61.6 y 61.7 del
Estatuto Básico de Empleado Público, en los que se recoge, que, con carácter excepcional, se pueden utilizar los sistema de concurso de méritos como sistema de selección de personal laboral fijo. “Esto es una situación de excepcionalidad porque hablamos de 700.000 interinos en toda España en estas condiciones, el fraude de ley es mayúsculo”, destaca Sanz.
Por otra parte desde Temporales en Lucha piden que las plazas que sean sacadas a oferta pública sean las 200.000 que se han dejado sin cubrir en los últimos años.
LOS JUZGADOS LES DAN LA RAZÓN
El pasado 8 de octubre, los interinos tuvieron su última victoria en los juzgados. El Tribunal Supremo declaraba nulos los ceses de personal interino contratado de forma abusiva —sin una periodicidad concreta—.
“Muchos compañeros ya han denunciado y tendrán que pagar indemnizaciones por despido, ¿con qué dinero van a asumirlas?”, se pregunta Sanz. Según explica, la mayoría de demandas interpuestas por interinos se están ganando en los tribunales, pasando de ser interinos a ‘indefinidos no fijos’, una tipología nacida en 1996 tras una
sentencia del Tribunal Supremo sobre fraude en la contratación en la Administración Pública, con la que tenían derecho a 20 días de indemnización por despido y a promoción profesional. Sin embargo, estos trabajadores en régimen indefinido no fijo tamién ven peligrar su puesto de trabajo.
El próximo sábado, desde el colectivo Temporales en Lucha, han convocado una concentración frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, en protesta por lo que consideran un expediente de regulación de empleo encubierto, puesto en marcha por el gobierno anterior de Mariano Rajoy y los sindicatos mayoritarios. La movilización es apoyada por CGT, CNT, Somos Sindicalistas, Co.bas. “Desde la plataforma de pensionistas y jubilados también nos han dicho que van a ir a apoyarnos”, concluye Sanz.
Fuente:
